El fraude millonario al sector salud; una historia de abuso, complicidades y corrupción

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El fraude millonario al sector salud; una historia de abuso, complicidades y corrupción

Usan a personas de bajos recursos o beneficiarias de programas sociales para cometer fraudes en QR

Emilio Conde

Rigoberto de Jesús Bacelis Lara tuvo una fuerte riña en 2014 en Cozumel. Por las agresiones y lesiones provocadas a su contrincante, agentes judiciales de la isla lo detuvieron para que respondiera por los hechos.

“La verdad, sí fue algo feo”, reconoce Rigoberto en entrevista seis años después. Ser aprehendido, trasladado a las instalaciones policiacas del municipio y quedar expuesto en medios locales policíacos, sin embargo, fue apenas el inicio de un embrollo que lo llevó, sin saber ni querer, a ser parte de una trama de fraude fiscal cometido en el sector Salud de Quintana Roo.

Rigoberto no tiene pruebas, pero tampoco dudas: sus datos personales que dejó aquella vez en manos de la Policía fueron luego utilizados ese mismo año para cobrar facturas falsas de más de 44 mil pesos a los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. De hecho, no fue el único.

Entre 2014 y 2019, cientos de personas físicas y empresas fantasmas expidieron facturas apócrifas por servicios o productos inexistentes al sector Salud de todo el país, tanto a las instituciones de nivel federal como estatales. El fraude fiscal que cometieron en dicho periodo asciende a 4 mil 100 millones de pesos, según documentaron recientemente Justicia Justa e Impunidad Cero.

Tras una pila de solicitudes de información y de análisis de los resultados, estas organizaciones dieron con toda una colección de personas y empresas fantasma que en este lapso fueron contratadas por la Federación y secretarías de los 31 estados de la República; empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha boletinado por encontrarse en el supuesto del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

En el caso de Quintana Roo se contaron 44 personas físicas y empresas que emitieron 423 facturas falsas en favor de los Servicios Estatales de Salud y al IMSS de Quintana Roo. El valor total de las facturas suma 67 millones 253 mil 663 pesos. De ese tamaño fue el fraude fiscal en el estado, que incluyó la administración del priista Roberto Borge Angulo y del actual mandatario, el panista Carlos Joaquín González.

Este medio se dio a la tarea de indagar más a profundidad lo revelado por las organizaciones: buscar los propietarios de las empresas y los nombres detrás de cada una, así como el modus operandi en caso de las personas físicas. Se pudo constatar que uno de los métodos utilizados consistió en utilizar los datos personales de sujetos de bajos recursos o de beneficiarios de programas sociales para cobrar, a nombre de ellos y sin que se enteraran, miles de pesos.

Usar los datos fiscales de personas en situación de pobreza es algo común entre los delincuentes que cometen fraudes fiscales, dijo en entrevista Denise Tron, de la organización Justicia Justa y coautora de “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”. Utilizan sus datos como persona física para cobrar facturas falsas a su nombre o para inscribirlos como socios en empresas fantasmas, a veces a cambio de una paga mínima, explica la especialista.

Los verdaderos artífices, prosigue Tron, acuden ante notarios para constituir las empresas fantasmas y son ellos los únicos beneficiados.

El caso de Rigoberto, de oficio electricista, es uno de los ejemplos de ello: una persona de bajos recursos que deja sus datos personales en el registro de alguna autoridad que luego son usados en actos de corrupción y desvío de recursos.

“Qué coincidencia que después de eso, donde dejé mis datos, pasó lo otro”, dice Rigoberto.

También parece ser el caso de Heidy, María, José y Alicio. Todos aparecen boletinados por el SAT como “factureros”, pero algunos de ellos, los que este medio pudo localizar, son en realidad víctimas.

En esta red de desvío de dinero hay un patrón que se repitió en tres ocasiones. Primero, personas de bajos recursos ingresan sus datos en alguna base pública con el fin de tener algún apoyo gubernamental. Posteriormente, aparecen después en el listado de personas físicas fantasma identificadas por el SAT.

Heidy Elizabeth Espinobarros Pat recibió un apoyo por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) en diciembre de 2012 (Consultar: https://n9.cl/z2pqk).

Sus datos personales quedaron registrados en las oficinas que la institución tiene en Quintana Roo. Tiempo después, su nombre apareció en 21 facturas falsas con las que supuestamente cobró 365 mil 644 pesos a los Servicios Estatales de Quintana Roo, por lo que fue señalizada por el SAT (https://n9.cl/5ey5).

El caso de María Isabel Caballero Chuc es parecido. De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno de Campeche (https://n9.cl/2xc1s), María fue beneficiada en 2010 con un crédito de 5 mil pesos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Campeche. Cinco años después, apareció como comisaria de la empresa Imagen y Comunicación JRYG, la cual fue dada de alta en Mérida, según se lee en el acta constitutiva de la empresa. Esta firma emitió que entre 2016 y 2017 emitió dos facturas falsas por 34 mil 800 pesos, siempre según las organizaciones civiles Justicia Justa e Impunidad Cero.

Otro caso fue el de José Manuel Pimienta Arcos, quien en 2015 sometió a concurso su proyecto “Impulsa Quintana Roo” ante el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) de Quintana Roo, según consta en el documento “Destinatarios de recursos públicos” de la Dirección de Articulación Productiva de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, correspondiente al segundo semestre de 2015 (Disponible en: https://n9.cl/w8m5). José pretendía obtener un apoyo para arrancar un negocio. Un año después, fue señalado por emitir una factura falsa por 2 mil pesos.

Los casos de Alicio Gener Chi Yam y Soledad de los Ángeles Chan Caamal son un poco distintos. Ambos son militantes del PAN que han tenido aspiraciones a pequeños puestos al interior del partido (https://n9.cl/490v).  En 2016, el primero, de acuerdo con la investigación de las organizaciones, emitió cuatro facturas por 199 mil 438 pesos; la segunda, entre 2014 y 2016, siete facturas falsas por 6 mil 302 pesos. Al ser cuestionada, Soledad de los Ángeles negó haber participado en la trama y aseguró que sus datos fueron utilizados por alguien que dice desconocer, sin su permiso.

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