Atienden pacientes Covid-19 en hospital de Chetumal sin seguridad estructural

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Atienden pacientes Covid-19 en hospital de Chetumal sin seguridad estructural

Según la ASF, identifican fallas en su proceso de construcción

Por Emilio Conde

Cancún, Q. Roo, sept. 2020.- Luego de tres años de retrasos, de sobrecostos, con un proceso legal a cuestas y solo tras la intervención de la Federación, el Hospital de Especialidades de Chetumal fue inaugurado en mayo pasado.

Sin embargo, este edificio, recientemente acondicionado para atender a pacientes con coronavirus, fue construido con deficiencias que ponen en entredicho la seguridad infraestructural de la obra, según ha declarado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Hospital de Especialidades de Chetumal iba a ser el primero en atender a personas con cáncer en la entidad. Fue promesa de campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quien se comprometió en un acto solemne y ante notario público a construirlo antes de acabar el sexenio.

En febrero de 2015, los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, durante el mandato del gobernador Roberto Borge, hoy preso, convocó a la licitación pública para la construcción de la primera etapa del nuevo hospital.

El 19 de febrero las seis empresas interesadas dieron a conocer su propuesta económica. Una semana después, se celebró el acto del fallo, en el que se eligió la propuesta de Promotora NC, pese a ser la más cara de todas, incluso, 2.5 veces mayor que la opción más barata –que era de 70.9 millones de pesos–.

Firman contrato por 214.4 millones de pesos

El 2 de marzo se firmó el contrato (núm. SESA-DDISFPCGC-LP-OP-05-2015) por 214.4 millones de pesos, precio con IVA, en el cual se estipulaba que la beneficiada contaba con 279 días naturales para terminar los trabajos. Lo anterior, según los documentos obtenidos en Compranet.

Dos días después de la firma del contrato, se celebró de manera indebida un convenio adicional para ampliar el monto en 121.3 millones de pesos y el plazo en 157 días naturales, modificaciones que representaron incrementos de más del 50 por ciento en ambos casos, por lo que el monto final quedó en 335.8 millones de pesos y el periodo de ejecución en 437 días naturales, según expuso la ASF en una auditoría de inversiones físicas (consultar: https://n9.cl/32k5c). Pese a las ampliaciones presupuestales y del periodo de gracia, la empresa Promotora NC no terminó los trabajos.

En aquella auditoría, la ASF describió un rosario de irregularidades en la obra, que incluían un retraso de 63.4 por ciento y una afectación a 405 mil 098 habitantes que dependen de los Servicios Estatales de Salud. Luego de dos visitas de seis días realizadas en junio y julio de 2016, el personal del organismo identificó fallas en el proceso constructivo.

“Se apreciaron evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo, como ejes desalineados de las columnas de la estructura del cuerpo principal y trabes desfasadas respecto de las columnas, inadecuados apuntalamientos de trabes y armado de elementos estructurales en columnas y trabes, carencia de bitácora debidamente actualizada y supervisión inadecuada del residente de la entidad auditada, que ponen en entredicho la seguridad estructural de la obra”, se lee en el documento.

Vale apuntar que es en este hospital que desde el pasado 12 de mayo se atienden pacientes con coronavirus.

Trabajos, sin vigilancia ni control

Además, el residente de obra, prosigue la auditoría, no vigiló ni controló adecuadamente la realización de los trabajos, debido a que no exigió a la contratista que tramitara y obtuviera la licencia de construcción antes de que iniciara su ejecución; tampoco llevó la bitácora de obra ni verificó que el desarrollo de los trabajos se realizara de conformidad con el proyecto y sus especificaciones.

Y se advirtió que: “no se acreditó que se hayan obtenido las autorizaciones del proyecto ejecutivo por parte de un Director Responsable de Obra que asumiera la responsabilidad y obligaciones conferidas por los reglamentos, normas de construcción y seguridad utilizados en los diseños estructurales; ni se acreditó la memoria de cálculo del proyecto estructural”.

Todo lo cual orilló a la autoridad de Salud a rescindir el contrato a Promotora NC el 6 de diciembre de 2015 “por incumplimientos con lo pactado por parte del contratista”, de acuerdo con el Informe especial Problemática General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2011-2016, elaborado también por la ASF (https://bit.ly/3cvYsc0).

En abril de 2017, el gobierno vuelve a convocar a una licitación pública, esta vez en la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, para contratar a una empresa que termine los trabajos inconclusos.

El 24 de abril cuatro empresas presentan sus propuestas económicas, de las que resultó ganadora la de Medical Tools, a quien se le concedió el contrato por 141.2 millones de pesos, en el que se establecía que contaba con 220 días naturales para terminar los trabajos, que tampoco se cumplieron, aunque esa es otra historia.

Comienza disputa legal

A tres meses de que la Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos determinara la rescisión administrativa del contrato de la construcción del Hospital oncológico de Chetumal por incumplimiento del mismo, Promotora NC comenzó una disputa legal que intentaba frenar las intenciones de la autoridad de adjudicar las obras pendientes a otra empresa y cobrar un supuesto finiquito pendiente.

Documentos internos de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, en poder de este medio, detallan el estatus del proceso, el cual se encuentra suspendido en lo particular, así como sus antecedentes, que incluye una supuesta presentación de documentación falsa por parte de las autoridades de Salud.

El 23 de enero de 2020, Guillermo Canul Cruz, director de Desarrollo de Infraestructura de Salud –y quien estuvo encargado de la primera licitación del Hospital oncológico, cuando fungía como subdirector de Infraestructura– solicitó a Carlos Marcelo Baquedano Gorocica, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Sesa, mediante el oficio con número DDIS/OD/CSO/0064/2020, que informara sobre el estatus que guardaba el procedimiento jurídico legal de la demanda entre la dependencia y Promotora NC.

Cuatro días después, Marcelo Baquedano envió la respuesta, mediante el oficio DNAJ/0216/2020.

En éste se detalla todo el proceso. Resulta que el 23 de marzo de 2017 Promotora NC presentó ante la Décima Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa un juicio contencioso administrativo federal en contra de la Directora de Normatividad y asuntos Jurídicos y del Director de Infraestructura en Salud, radicado con el número 6699/17-17-13-5.

Suspenden pólizas de pago

La empresa demanda la nulidad de la resolución emitida por la Directora de Normatividad, mediante la cual se determinó la rescisión administrativa del contrato de la construcción del Hospital oncológico.

El 22 de mayo de 2017, el Magistrado de la Sala negó en forma definitiva que se le permitiera a Promotora NC continuar con la ejecución de las obras hasta el plazo de entrega previsto en el contrato y también negó la posibilidad de que se suspenda cualquier acto tendiente a licitar o adjudicar a un tercero la obra hasta en tanto no se resuelva el juicio.

También concedió de forma definitiva la suspensión de las pólizas de pago que se causen por la nulidad que se ejecutó.

El 29 de mayo de 2017, la Sexta Sala Regional Metropolitana admitió la demanda formulada por Promotora NC en contra del Director de Desarrollo de Infraestructura en Salud de la Sesa. Con este recurso, la empresa también demandó la nulidad de la resolución en donde se comunica el finiquito de la obra por la rescisión del contrato, es decir, con la cual la autoridad comprobaba que no existía ya adeudo.

La resolución se encuentra contenida en el oficio DDIS/OD/DSO/0322/2017 del 3 de abril de 2017.

Conceden medida cautelar

Ese mismo día se concedió la medida cautelar promovida por la empresa a efecto de que la autoridad se abstenga de hacer efectivo el cobro del finiquito de obra resultado de la rescisión del contrato de obra.

Más adelante, el 2 de abril de 2018, queda registrada una prueba superveniente (posterior a la fecha de la demanda) de parte de la Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos en que se exhibe la factura electrónica emitida por Promotora NC (con folio ef53711b-8266-4e87-8763-d2a29e200725) con la cual la autoridad tenía la intención de acreditar que se liquidó el finiquito de la obra, con el objetivo de hacer notar que “no existe adeudo alguno”.

Como respuesta, el 25 de junio de 2018, la empresa promueve un incidente de Falsedad de Documentos y se le admite a trámite el Recurso de Reclamación respecto al acuerdo del 2 de abril, cuando se admitió la prueba de la factura.

La Directora de Normatividad comunica a la autoridad judicial que está enterada del incidente de Falsedad, pero no presenta a su perito. En contraparte, el 27 de agosto de 2019 se lleva a cabo la diligencia de testigos para desahogar la prueba pericial en caligrafía y documentos copia ofrecida por la parte actora y el 20 de noviembre comparece el perito de la empresa para ratificar su dictamen pericial respecto al Incidente de Falsificación de documentos.

Desde entonces no se ha suscitado otra novedad, por lo que el juicio se encuentra suspendido en lo principal, en virtud del Incidente de Falsificación de Documentos formulada por la parte actora y se encuentra en sentencia interlocutoria.

Para más información checar:
Datos STATUS JUICIO.pdf

acta de emision de fallo construccion del hospital de especialidades de chetumal ( primera etapa) (2).PDF

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