Presuntamente está involucrado, junto con otros servidores públicos, en actos ilícitos que quebrantaron la economía de Ciudad del Carmen
Tirso Balam
Ciudad del Carmen, Camp. Enero 27, 2021. Después de evitar presentarse ante el juez de control de Justicia Penal el cual da seguimiento al proceso judicial que lo persigue desde su salida del mandato municipal en Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus escuchó el dictamen de arraigo que le prohíbe salir del estado, ya que se sigue el proceso abierto por peculado y uso indebido de atribuciones, mismas que fueron en detrimento del erario público que este representaba.
El ex edil que cuenta con ocho procesos penales en su contra, venía promoviendo amparos para evitar ser detenido y presentado ante la justicia por el desfalco, sin embargo en la Carpeta de investigación 56/202/21 se le investiga a él y a un grupo de servidores públicos involucrados en estos actos ilícitos que quebrantaron la economía del municipio, tales como su ex tesorero Israel Medina Posadas y Gladys García Casanova, ex directora de unidad administrativa.
Pablo Gutiérrez Lazarus tras la gravedad de las investigaciones y posibilidades de pisar la cárcel, intenta confundir a sus seguidores al renunciar al PAN argumentando que la coalición con el PRI y PRD salían de sus ideales para representar al sector de la población en la que presuntamente trabajó como servidor público, pero esa farsa salió al descubierto cuando el 31 de diciembre el ex alcalde buscó dos recursos de amparo más en el juzgado Segundo de Distrito en Ciudad del Carmen, estos con número 1264/2020 y 1270/2020, el primero dirigido a juez Primero de control del sistema de justicia penal y el segundo contra la fiscal General del estado de Campeche, pero estos recursos no dieron los frutos que el ahora morenista buscaba y hoy se encuentra en apuros que lo tiene más que preocupado.
La justicia llega tarde o temprano a todos y está vez Pablo Gutiérrez Lazarus tendrá que rendir cuentas al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Carmen, la Fiscalía Anticorrupción y jueces penales, además, de un proceso iniciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social por el desvío de 363 millones 884 mil pesos.
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