Este año se han cumplido seis años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Es una herida abierta como resulta con todos y cada uno de los casos de esta naturaleza.
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas es el reflejo de la brutalidad, el cinismo y la vileza del Estado reflejada en el poder político que hace uso excesivo de la fuerza y de la desaparición forzada, hiriendo a la sociedad. Es, la representación total y absoluta de la violación sistemática de los derechos humanos en pleno siglo XXI cuando el derecho internacional busca la protección, en un país donde la supremacía constitucional considera el principio de convencionalidad con un fin garantista formal y sustantivo, al menos en el papel.
Recientemente se dio a conocer que serían liberadas órdenes de aprehensión en contra de militares y quedó en evidencia que lo que en el pasado el gobierno denominó la “verdad histórica”, ha quedado como una turbia mentira, con fines de encubrimiento de los crímenes cometidos por la policía y la milicia.
Las irregularidades del caso y las mentiras en las incurrió el Estado para evitar que las investigaciones cumplieran la responsabilidad ética, moral y legal de llegar a la verdad, son una muestra clara de que el Gobierno Federal ha solapado, promovido y privilegiado la impunidad en este caso, y en otros más que esperan ser resueltos.
En poco más de 50 años, México ha registrado un total de 73 mil 201 personas desaparecidas, cifra que podría ser mayor. Cabe mencionar que también, en nuestro país, se tienen localizadas más de tres mil fosas clandestinas, siendo los estados de Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua las entidades con mayor número.
Esto en sí, es una muestra de la crisis en materia de seguridad. Las fosas clandestinas podrían ser usadas tanto por los grupos delincuenciales organizados como por el Estado.
Esta situación nos muestra que México es un país en donde no existen cambios sustanciales en materia de impunidad, corrupción y delincuencia, siento deficientes o fallidas las políticas públicas implementadas hasta ahora en este sentido.
Con la autorización del Estado mexicano para incluir en labores de seguridad a grupos militares, no ha dado buenos resultados ni en el pasado, ni ahora. De hecho, la historia nos muestra que en aquellos países latinoamericanos en los que los militares se han sumado a las labores de seguridad pública, se incrementa la violación a los derechos humanos y los riesgos de abuso de la fuerza. Claro está, todo ello acompañado de corrupción, impunidad y ocultamiento.
No mienten aquellos que en más de una ocasión sostienen que México es un país bañado en sangre, de impunidad, de riesgo, de miedo y sobre todo, de pérdidas humanas en las que la sociedad es la más afectada. Las desapariciones de jóvenes, sean hombres o mujeres, también dejan al descubierto otras fallas del sistema y, por supuesto, de los niveles de violencia que se enfrentan en una nación.
Andrés Manuel no está exento de ser parte de esta impunidad, ni de abonar a la violación sistemática de los derechos humanos, máxime las expresiones públicas emitidas hacia las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
CHORRITOS DE TINTA.- El caso de violación de una estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), ocurrido hace cuatro años y ventilado recientemente, pone de nuevo en la mesa el tema de la seguridad de las universitarias.
Las universidades, tanto públicas o privadas, deberían no sólo retomar y mejorar sus protocolos de atención a este tipo de situaciones, sino de promover políticas internas que permitan dar seguridad a las alumnas. Es urgente.
También lo es la intervención de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, promoviendo los observatorios al interior de las mismas, así como el acompañamiento de los casos que se denuncien. Obviamente, se requiere presupuesto y que las autoridades universitarias den total apertura para trabajar al respecto, en lugar de ser instituciones que en aras de mantener una “buena reputación” (que lo quieran o no, está en entredicho), ocultan la verdad, protegen la impunidad y con ello, contribuyen a que más mujeres estén en riesgo.
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