Consulta y democracia

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Consulta y democracia

La pluma, fuente

Nínive García Méndez

La semana que recién concluyó tuvo como tema político central la consulta popular que impulsa el presidente de la República, Andrés López Obrador.

Cuando escuchamos la frase “Consulta popular”, inmediatamente nuestro conocimiento inmediato nos dice que se trata de escuchar del pueblo. Eso, sin conocimientos mayores de lo que significa en lo jurídico, ni del trasfondo político, nos mueve a considerar que es algo positivo para la nación. Y en términos generales es así.

La consulta es una figura de democracia participativa contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el artículo 35, como un derecho de la ciudadanía (fracción VIII) para votar respecto a temas de trascendencia para nuestra nacional o región, sujetas a varias especificaciones señaladas en los incisos detallados en la misma Carta Magna.

Y se expresa en el inciso c): “Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electorales, en los términos que determina la ley”.

En esta misma fracción se especifican los temas que no podrán ser sujetos a la consulta pública, siendo fundamentalmente los derechos humanos así como la materia electoral, el sistema financiero, entre otros; y advierte que será la Suprema Corte de Justicia de la Nacional que resolverá, previa convocatoria que realice el Congreso de la Unión, la constitucional en materia de consulta.

Sin embargo, y es necesario decirlo, las voces que se pronunciaron en contra de dicha consulta popular –previa revisión de la Corte— observaron la violación constitucional de la propuesta presidencial.

La parte en que se basa la inconstitucional de la consulta promovida por el Presidente, es precisamente el numeral tercero de la fracción VIII: Los derechos humanos, no pueden ni deben estar sujetos a la consulta. Y no se puede actuar desde ninguna de las estructuras del poder, en menoscabo de éstos.

El Presidente de la República, aprovechando la ignorancia que existe por parte de los mexicanos en la materia, utilizó los medios que tiene a su alcance para verter su propia conceptualización del Derecho y su propia interpretación de la norma jurídica. Además del tinte político que gesta la propuesta.

La resolución de la Corte que se pronunció por la constitucionalidad –yendo en contra de sus mismas funciones y respondiendo a un asunto más político que jurídico o doctrinario—, violenta la Constitución y demuestra la sujeción de algunos de los ministros.

Lo más grave es que previo al dictamen de la Corte el presidente advirtió que, en caso de que la Corte considera la consulta como inconstitucional, tenía como alternativa el impulsar una Reforma Constitución, lo que sería positivo si el fin fuese resguardar los principios constitucionales, así como al protección de la Carta Magna y el derecho procesal tanto como los Derechos Humanos, pero por el contrario, su objetivo era seguir con esta consulta que además de costosa violenta el derecho a la justicia.

Finalmente, con la venia del magistrado Presidente, Arturo Saldívar, se aprobó la consulta aunque se modificó la pregunta para que fura amplia en el sentido estricto y no fuese descaradamente personalizada.

El problema no es enjuiciar a los expresidentes, sino que el derecho de la ciudadanía a la aplicación de la justicia no tiene por qué ser sujeta a consulta. La norma jurídica la hace posible. Tampoco lo es impulsar una reforma, sino el trasfondo político que ensucia un mecanismo de democracia participativa (aunque el ministro Zaldívar la llamo “válvula de escape del malestar popular”).

Tampoco es el problema el tema de la reforma constitucional, sino qué la motiva y el hecho de que, en este juego político sustentado en un deseo que se vuelve perverso y que violenta incluso la autonomía de los poderos, y desquebraja o quiebra el equilibro de éstos, puede poner en juego derechos humanos y realizar cambios a modo.

Ya existe dos propuestas de reforma en el Senado de la República: una de Hernán Martínez y otra de Ricardo Monreal. Hay que estar pendiente y no permitir, por ninguna razón, que sea con un fin político en lugar la perfectibilidad y claridad de la norma. Quizá, sea necesario acabar con esta figura para enfocarse sólo en el referéndum y el plebiscito, pero se requerirá de un estudio concienzudo.

Considero que el Presidente debería también analizar más a profundidad este tema y no pensar en su deseo inmediato de plasmar el descontento el pueblo de los antiguos regímenes políticos y el desempeño de sus opositores acérrimos del PRI y el PAN como un mecanismo de respaldar sus acusaciones antes y durante y después del proceso electoral que lo llevó al poder. (Por cierto que es necesario mencionar que estos opositores de AMLO, desde hace décadas lo han llamado loco y hoy más que nunca han puesto en duda su capacidad de gobernar.

El Presiente también corre el riesgo de pasar a la historia como el hombre que, habiendo logrado una posición que esperó por años, olvidó que el ejercicio del poder no es para cumplir caprichos, ni para esconderse detrás de una consulta para escudarse en el aval ciudadano para enjuiciar a todo funcionario o actor político que en el ejercicio de sus funciones haya cometido actos de corrupción y delitos que afecten a la nación, pues la ley es clara en ese sentido y cuenta con todo un sistema procesal que lo hace posible. Su incorrecta actuación ya ha quebrado la poca o mucha confianza ciudadana en la SCJN y parece el preludio del autoritarismo y la violación de la autonomía de poderes que tanto daño ha hecho a México, afectando el desarrollo democrático de la nación.

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